La decisión de consagrar legalmente la actividad de los militares en las calles refleja la incapacidad de López Obrador para organizar el Estado sobre ejes racionales, civiles y eficaces.
El decreto presidencial que da cobertura legal a los militares para seguir ejerciendo labores de seguridad pública en México hasta 2024, año que acaba la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, supone el reconocimiento de dos realidades, a cada cual más preocupante.
La primera es el fracaso de la estrategia contra el crimen de la actual Administración, que se basó en la creación de un cuerpo, la Guardia Nacional, cuya tarea consistiría en poner freno a la violencia que asuela el país —y poder así retirar al Ejército de estas tareas—. Esto no ha sucedido. Incluso en plena pandemia, México ha registrado cifras escalofriantes de asesinatos y desaparecidos.
La segunda es que profundiza la militarización del país. Esta comenzó con el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien decidió utilizar al Ejército contra el creciente poder del narcotráfico.
El presidente prometió en campaña sacar a los militares de las calles y criticó con dureza la actuación de estos y de los Gobiernos anteriores. Pero desde que ganó las elecciones, López Obrador ha evitado concretar en qué consiste su estrategia para combatir la inseguridad.
La cada vez mayor influencia de las Fuerzas Armadas en la vida civil debería hacer saltar algunas alarmas en un país que legítimamente puede estar orgulloso de que estas no han tomado nunca el poder, a diferencia de casi toda América Latina, donde han protagonizado tristes y condenables episodios.
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